Partido Popular de Redován

Tras conocer la nueva sentencia judicial

• El PP solicita que la alcaldesa pague de su bolsillo la indemnización y las costas procesales

Redován (28-05-2010). Ayer se hizo pública la sentencia judicial sobre el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Redován, que se encontraba en excedencia por cuidado de hijos y que al solicitar reincorporarse a su plaza de personal laboral el pasado 1 de enero, la alcaldesa Leticia Bas le comunicó que “su plaza había sido eliminada de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento”.

Ante este hecho, en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 6 de abril, Izquierda Unida presentó una moción para que el Ayuntamiento aceptara la reincorporación de éste trabajador municipal. Esta moción se aprobó por mayoría con los votos de IU y del PP, y con la votación en contra del PSOE.

El 7 de mayo se celebró el juicio verbal sobre la demanda interpuesta por el trabajador municipal al Ayuntamiento de Redován. Ayer se hizo pública la sentencia, donde el juez declara “nulo” el despido del trabajador, condena al Ayuntamiento a la “inmediata readmisión del trabajador” y el abono de 105,54 euros diarios desde el pasado 1 de enero hasta que se readmita al trabajador.

“La alcaldesa Leticia Bas ha hecho una persecución política contra este trabajador y le ha negado su derecho a reincorporarse a la plantilla municipal”; “La señora Bas no ejecutó el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde los grupos municipales PP e IU instábamos al Ayuntamiento a readmitir al trabajador”; “Hemos querido esperar hasta la sentencia del juez para comprobar como la Alcaldesa una vez más se equivoca con sus decisiones sectarias”, ha manifestado el portavoz popular Emilio Fernández.

El Ayuntamiento deberá ahora abonar más de 16.000 euros al trabajador municipal, mas las costas del juicio. Según Fernández, “Los ciudadanos de Redován no podemos volver a pagar los errores de la señora Bas, y debe pagar de su bolsillo su nuevo patinazo”.

A opinión del presidente del PP de Redován, “la Alcaldesa confunde una institución como es el Ayuntamiento de Redován, con la sede del PSOE, y ha convertido la Casa Consistorial en su chiringuito particular”.

“La alcaldesa ha llevado al Ayuntamiento con superávit a un déficit de 2.500.000 €, permite que la concejal Adela Larrosa siga contratando la orquesta de su hermana habiendo facturado más de 40.000 euros al Ayuntamiento, se gasta el dinero de todos en cuadros para su despacho, en actos de la memoria histórica y en comidas, en un municipio donde ya hay más de 1.000 personas en el paro”, ha concluido Fernández.

Por todas estas circunstancias, “solicitamos la dimisión de la Alcaldesa de Redován” ya que no puede continuar ni un día mas en su cargo, ha solicitado Emilio Fernández.

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Toda actuación de gobierno requiere la adopción de decisiones que tienen que basarse en informes técnicos y jurídicos para que los resultados sean siempre conforme a Ley.

Este principio, básico en el ejercicio de la responsabilidad municipal, no debe solo contemplarse desde la perspectiva de la legalidad, sino y también desde los principios de igualdad, equidad y respeto a los ciudadanos, quienes, al final de todo, son los receptores de las resoluciones municipales.

En nuestro pueblo estamos asistiendo a un desfile de decisiones que no solo conculcan directamente ese principio de igualdad sino que se constituyen en decisiones de difícil contenido moral, al permitirse el equipo de gobierno el escudarse en informes técnicos para tomar decisiones desiguales y escudarse en decisiones desiguales para ignorar los informes técnicos.

El primer ejemplo de esta doble vara de medir lo constituye el informe de intervención municipal que venía a avisar a la Sra. Bas y su equipo de gobierno de las enormes dificultades económicas que su política de gasto estaba creando a las arcas del Ayuntamiento de Redován; dicho informe de intervención, a pesar de la gravedad de su contenido y de las oportunas advertencias, inclusive sobre las dificultades para atender pagos, fue totalmente ignorado por el equipo de gobierno, quien, como cortina de humo, vino a calificar al Partido Popular de demagogos y de destruistas, pero olvidando mencionar que los datos económicos no salían de ninguna fuente del Partido Popular sino de la propia estructura orgánica del Ayuntamiento de Redován.

El segundo ejemplo de esta doble vara de medir lo encontramos en la votación de la moción presentada por IU en cuanto a la reincorporación del Aparejador Municipal y, donde la Sra. Bas hizo gala de ser puramente garantista de la Ley por lo que debía cumplir escrupulosamente todos y cada uno de los informes técnicos y jurídicos en aras de evitar incurrir en un presunto delito de prevaricación.

Aquí nuevamente, y sin explicación alguna – o sí que la habría -, la Sra. Bas se dedicó a criticar severamente la postura del Grupo Popular, olvidando que la moción fue presentada por su socio de gobierno, IU, pero ello no importaba, y tampoco importaba que la postura del Grupo Popular fuera la de realizar una reflexión serena y razonable sobre el contenido de la moción y cuya problemática había sido creada solo y tanto solo por la Sra. Bas y su equipo de gobierno.

Pero la cruda realidad se ve impuesta al equipo de gobierno y viene a demostrar que el respeto por los informes técnicos es puro humo, pura pantomima cuando se trata de favorecer intereses particulares, y así nos encontramos que no se tuvo empacho alguno en no respetar el informe de intervención que establecía un reparo y ordenaba la paralización del expediente de contratación de la Conserje del Centro Médico y ello por cuanto no hay consignación presupuestaria y la plaza debía crearse en virtud de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

A pesar de las advertencias de la intervención municipal, a pesar del reparo de la intervención municipal y  a pesar de la falta de presupuesto, no existió en la Sra. Bas el más mínimo atisbo de no continuar adelante con la contratación de quien, para más inri, ocupa el número 10 de su lista electoral.

Esta doble vara de medir se traslada incluso en la determinación de las subvenciones a las distintas asociaciones, por cuanto mientras que unas reciben unos fondos económicos por la tarea realizada a lo largo de todo un año y que se repercute en la sociedad de Redován, mientras que otras asociaciones no reciben ayuda económica ninguna, a pesar de su labor de los intereses de Redován, nos encontramos que la Sra. Bas, administrando a su libre albedrío los fondos municipales, se permite el lujo de donar 1.500 euros a una asociación de victimas del franquismo que no tiene su sede en nuestro pueblo y cuya única actividad es acudir a las jornadas del campo de concentración de Albatera.

La pregunta que debemos formularnos es que, siendo lícito y legal dicha donación, ¿es moralmente aceptable?

La dura situación que vivimos en nuestro pueblo con un paro interanual del 30%, la existencia de más de 1020 parados, el desbordamiento de Caritas para atender las necesidades de nuestros vecinos, las peticiones continuadas de ayuda a los Servicios Sociales, el incremento de impuestos para atender necesidades municipales, algunas de ellas imposibles de sostener en estos tiempos de crisis, nos hacen afirmar que es totalmente inmoral que la Sra. Bas se permita el lujo de coger nuestros impuestos y destinarlos como le plazca, porque lo más importante es priorizar necesidades, y con las que existen en nuestro pueblo actualmente, nada se nos ha perdido en Albatera para arrebatar de las arcas municipales 250.000 pesetas que bien puede ayudar a muchos vecinos y vecinas de Redován.

No es mejor político quien más da sino quien mejor distribuye la riqueza y hace un reparto más justo y equitativo, y de lo anteriormente dicho solo cabe una conclusión: la Sra. Bas y su equipo de gobierno no respeta ni el principio de igualdad, ni el principio de equidad ni siquiera la más mínima moralidad.

Emilio M. Fernández Escudero
Presidente Partido Popular Redován

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Con los Fondos del PLAN CONFIANZA concedidos por la GENERALITAT VALENCIANA a nuestro municipio (1.471.813,20 €.), el equipo de gobierno va a ejecutar la obra del Colector General de Pluviales.

Se trata de una obra muy atractiva para las empresas constructoras. En estos tiempos de crisis, una obra de este importe se la rifan.

La obra sale a licitación para que las empresas presenten sus ofertas. Para ello tienen que seguir el Pliego de Cláusulas Administrativas, el cual dice que se adjudicará la obra, a la empresa que mayor puntuación obtenga valorando las 4 mejoras propuestas. Éstas son:

1) Asfaltado y pintado Avda Libertad. Valorada en 40 puntos para un máximo de 12.045 m2.
2) Soterramiento telecomunicaciones en el B-4. Valorada en 40 puntos para un máximo de 6.571 ml.
3) Conexión red de riego plazas Miguel Hernández y La Paz. Valorada en 10 puntos (5 por cada conexión)
4) Menor plazo de ejecución. Valorado en 10 puntos al menor plazo
También se pide desglose y valoración económica de todas las mejoras, pero no se tiene en cuenta en la puntuación.

Una vez abiertas las ofertas presentadas, vemos que prácticamente todas las empresas consiguen la máxima puntuación en las tres primeras mejoras. Eso es debido a que, al dar la máxima puntuación a un número determinado de unidades de cada mejora, todas las empresas dicen hacer todas esas unidades. Tan sólo la cuarta mejora no fija un máximo, por lo que las empresas tienen que decidir que plazo de ejecución ponen, asumiendo el riesgo que ellas consideran. De 30 empresas, hay dos que dicen que hacen la obra en 2 meses, una dice 2 meses y 20 días, 2 dicen 4 meses, etc. Pero vemos que las empresas de más renombre proponen unos plazos de ejecución de entre 6 y 8 meses.

Así pues, como el plazo es el único criterio que no está acotado, esta mejora es la que condiciona la adjudicación. Llegados a este punto, debemos recordar que en el Pleno Extraordinario de 29 diciembre de 2009, donde se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas, el PP dijo: “creemos que deberían pedir a las empresas una justificación seria y real de la reducción del plazo que oferten, así como penalizar su posible incumplimiento”. A esto el equipo de gobierno nos dijo que no nos preocupásemos ya que lo tenían todo controlado.

Se produce un empate entre dos empresas constructoras que dicen hacer la obra en 2 meses. Todos sabemos que no se puede ejecutar en ese plazo. El equipo de gobierno también lo sabe y además, ha consultado a sus técnicos, a los redactores del proyecto, etc. Y todos los técnicos consultados coinciden en que es imposible cumplir ese plazo.

Al ver esto y puesto que formamos parte de la mesa de contratación, los miembros del PP decidimos presentar un escrito a la misma, con fecha de entrada en registro 16 de febrero de 2010, donde se propone:

1. Considerar nulo el procedimiento abierto ante la imposibilidad de resolver el empate existente entre las dos empresas constructoras
2. Volver a licitar las obras, puesto que todavía hay tiempo para cumplir los plazos previstos inicialmente, ya que según se ha podido comprobar, por los plazos de ejecución ofertados por las empresas constructoras, las obras pueden ejecutarse en unos 6 ó 7 meses. Y les proponemos incluir en el nuevo pliego de cláusulas administrativas una serie de modificaciones por si consideran tenerlas en cuenta o les sirve de guía para corregir los errores del pliego anterior.

El equipo de gobierno decide seguir adelante y adjudicar provisionalmente la obra, mediante sorteo, a COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.
Esta adjudicación es una temeridad. Técnicamente es imposible hacer la obra en el plazo de 2 meses. Ésta discurre por viales fundamentales para el tráfico de entrada y salida a nuestra ciudad. Estamos hablando de la Avda. de la Libertad y de la Avda. de Orihuela. Consiste en 1.915 m de zanjas de 2 ó 3 metros de profundidad por 1,5 ó 2 metros de ancho, donde el nivel freático está muy cerca de la superficie, y como consecuencia de ello se requiere entibación e incluso achique de agua, cuestión ésta que viene contemplada en el propio proyecto. Por todo ello los rendimientos de trabajo no superarían los 2,5 ó 3 metros al día de obra acabada en el mejor de los casos. Lo que supondría que, utilizando 5 equipos de trabajo se precisarían 165 días para acabar la obra, es decir, se tardaría más de 7 meses en tenerla terminada. Tampoco se pueden poner muchos equipos, ya que no puede estar todo el trazado de la obra cerrado al tráfico durante la duración de la misma.

Además en la zona de actuación existen muchos servicios que darán lugar a actuaciones no contempladas en proyecto y que harán que la empresa contratista a las primeras de cambio pida ampliación de plazo. Y entonces pueden ocurrir dos cosas:

1) Si se le concede la ampliación: Llegarán recursos contra la adjudicación por parte del resto de empresas (29) que no han sido adjudicatarias. De hecho antes de adjudicar provisionalmente la obra ya se ha presentando el primero de los recursos, y no hemos empezado.
2) Si NO se le concede: Tendremos paralizaciones por parte de la empresa contratista, lo que dará lugar a que se le apliquen sanciones por parte del Ayuntamiento (hasta máximo un 20% del presupuesto, según marca la ley). Es decir, ¡¡¡PROBLEMAS!!!

Por todo lo anterior, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Redován considera que estamos a tiempo de rectificar, luego puede ser tarde. Consideramos que es irresponsable seguir adelante con algo que sólo nos va a traer problemas y al final las consecuencias las sufrirán los ciudadanos. En definitiva, UNA TEMERIDAD.

Antonio Rocamora Mas
antonio.rocamora@ppredovan.es
Concejal del PP en Redován

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